Junta Promotora

El diputado de Proyecto Sur, Julio Raffo, se refiere a la situación de Mauricio Macri tras haber sido citado por el juez Oyarbide

11-Abr-2010 El ser convocado a prestar declaración indagatoria implica que, en el expediente, hay “…motivo bastante para sospechar que (hayan) participado en la comisión de un delito…” (Art. 294 del Código Procesal)En el caso, el juez consideró que “…existe el grado de sospecha requerido por el artículo 294… respecto del Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo relativo a su presunta participación en la intercepción ilegítima de las líneas telefónicas pertenecientes a los Sres. Néstor Daniel Leonardo y Sergio Leonardo Burstein, así como también al necesario aporte del número telefónico del primero de ellos…”.En esta causa hay tres preguntas que, mientras no fueren debidamente respondidas, constituyen uno de los fuertes ejes que sostiene la imputación a Macri: a) ¿Quién propuso el nombre de Ciro James para que Narodowsky lo contratara? A su respecto consta en la causa que “…nadie en la Unidad Ministro de esa cartera (ni) ninguno de sus superiores, ha podido precisar cuál era la función que desempeñaba, qué horarios debía cumplir o qué tareas le habían sido asignadas, (tal como surge de las declaraciones testimoniales de Barroso, Ayub y de la declaración indagatoria del propio ex Ministro Narodowski ...”; b) ¿Por qué razón Macri nombró como Jefe de la Policía Metropolitana al Fino Palacios, al cual defendió más allá de toda lógica y razón, a pesar de estar involucrado procesalmente a una de los mayores atentados terroristas sufridos por los argentinos, el atentado de la Amia? y c) ¿Quién le encomendó a James que escuchara al cuñado de Macri?Si bien es de reconocer que Oyarbide es un magistrado con historia y origen cuestionable, debemos tener en cuenta que tanto la Cámara Federal como el Tribunal de Casación, revisaron sus decisiones respecto de los ya procesados y las convalidaron por unanimidad.No podemos olvidar que en toda investigación rige la presunción de inocencia establecida por nuestras normas constitucionales, y esa presunción ha de regir hasta que se dicte en la causa una decisión judicial firme. No obstante, la dimensión política de este escenario judicial ya está generando graves efectos. Los habitantes de Buenos Aires tienen el derecho de tener un Jefe de Gobierno que esté por encima de toda sospecha. Por esa razón, Macri debería dar, con urgencia, una sólida y transparente respuesta a las preguntas formuladas y abstenerse de no dilatar su concurrencia a prestar la declaración ordenada. Mientras no lo haga, la pesada sombra del delito pendiente de esclarecimiento, que abrumaba a los habitantes de Argos, continuará abrumando a nuestra Ciudad."